Miles de personas que trabajaron como repartidores para Uber Eats entre 2022 y 2026 recibieron un mensaje de la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) informándoles sobre sus nuevos periodos de alta en el régimen general. Aunque durante esos periodos se desempeñaron como autónomos, la TGSS notificó que ahora estarían dados de alta como empleados de la compañía de reparto a domicilio. Este mensaje en masa es parte de una investigación realizada por Inspección a Uber Eats, que comenzó el verano pasado debido a la sospecha de que esos autónomos deberían ser considerados empleados. Tras evaluar la situación, Inspección determinó que eran falsos autónomos y exige a la empresa el pago de alrededor de 110 millones de euros en cotizaciones no abonadas, luego de haber dado de alta a unos 60.000 repartidores. Aún queda pendiente definir la sanción administrativa por el uso de autónomos durante estos años, un aspecto que la Inspección aún no ha cerrado.
Inspección reclama 110 millones de euros en cotizaciones impagadas a Uber Eats por emplear a 60.000 falsos autónomos
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